En diciembre
de 2008 la Asamblea de Madrid aprobó la privatización del Canal de Isabel II,
con los únicos votos del Partido Popular, facultando al Consejo de Gobierno de
la Comunidad a reemplazar a la actual empresa públicapor una sociedad anónima,
el 49% de cuyas acciones se pondrá a la venta.
Con esta
decisión el Gobierno de la Sra. Aguirre pretende convertir en un negocio el
servicio del ciclo integral del agua, que ha venido siendo servido con
eficiencia desde hace mas de 150 años, por una empresa pública que cuenta con un
alto grado de aceptación de los ciudadanos madrileños. Igualmente, de consumarse
este hecho, se robaría a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el inmenso
patrimonio acumulado por el Canal en infraestructuras, suelo e inmuebles, así
como los activos de que dispone a través de su participación en mas de 30
empresas que constituyen el Grupo Canal y que a través de Canal Extensia se ha
extendido a diversos países de Latinoamérica.
La
privatización del Canal no tiene justificación desde ningún punto de vista (ni
económico, ni técnico, ni social) y su único objetivo es regalar al sector
privado un negocio sin riesgo y con altas tasas de ganancia. Sin embargo puede
conducir a la prestación de peores servicio, a mayores coste y a un
empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores.
Tal como se ha constatado en privatizaciones similares. Además el proceso
adolece de un déficit democrático y falta de transparencia desde su comienzo, ya
que los ciudadanos no han podido participar de ninguna forma en una decisión tan
importante para sus intereses y tan siquiera esta privatización fue incluida en
el programa electoral que el PP presentó en las últimas elecciones autonómicas.
Para luchar
contra este desatino se constituyó la Plataforma contra la privatización
del Canal de Isabel II, en la que participan organizaciones sociales,
sindicatos, partidos políticos y ciudadanos a título personal, con los los
siguientes objetivos:
-Informar a la sociedad de la irracionalidad y los perjuicios de esta privatización, a través
de todos los medios posibles: reuniones, foros de debate, medios de
comunicación, información electrónica, etc.
-Movilizar a los ciudadanos contra este atropello.
-Impulsar cuantas actuaciones sean posibles, desde el ámbito legal e institucional para
paralizar la privatización.