Recurso de inconstitucionalidad

A finales de Mayo de 2012, el Tribunal Constitucional aceptaba a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores del PSOE, a petición de la Plataforma, contra el capítulo 5 de la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que establece que ‘El proceso de capitalización, podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49 por 100 del capital de la sociedad’.

Además, en el artículo 5 de dicha ley se especifica:

Artículo 5. 2. (…) A tal efecto, el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II podrán desistir libremente de cualquiera de tales convenios, procediéndose a su liquidación que implicará, en su caso, la entrega de la red y el traspaso de la gestión a favor del Ayuntamiento y el pago de las cantidades respectivamente adeudadas, incluidas las inversiones pendientes de amortización”.

Es decir, de no firmarse el nuevo convenio pro-privatización, se traspasará a los Ayuntamientos la responsabilidad de la gestión del agua a cambio de una cantidad de dinero. Teniendo en cuenta que los municipios llevan 154 años cediendo la gestión del agua al Canal, esto supone una presión fortísima para estos ayuntamientos que, en ocasiones y con tal de no poner en riesgo el abastecimiento de agua de sus municipios, están firmando los nuevos convenios.

Además, en la ley recurrida, se especifica que los municipios que no firmen tendrán que pagar las deudas contraídas con el Canal y que estaban pagando en cómodos plazos. Dicho en otras palabras, esta ley hace efectivas las presiones a las que se estaba sometiendo a los Ayuntamientos para que firmaran los nuevos convenios y que estaban siendo denunciadas por algunos municipios.

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