La creación del Canal Isabel II Gestión S.A

El pasado 30 de mayo el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció su decisión de renunciar, por el momento, a privatizar el Canal de Isabel II, debido a que la situación económica imposibilitaba la venta de la entidad a empresas privadas.

La privatización, según Esperanza Aguirre, se retrasaría hasta que los mercados mejoren, dándose un plazo de tres años hasta el final de la legislatura. Sin embargo, anunció la creación de una sociedad anónima 100% pública, denominada Canal de Isabel II Gestión S.A., que gestionará el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid los próximos 50 años, el 80% de cuyas acciones serán propiedad de la Comunidad de Madrid y el 20% restante de los ayuntamientos que hayan firmado los convenios de participación en la nueva sociedad.

El 6 de junio el Consejo de Administración del Canal de Isabel II aprobó la constitución de la nueva sociedad anónima y el 12 de junio se hizo pública la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad, faltando solamente su inscripción en el Registro Mercantil. La nueva sociedad ha sido valorada en una horquilla de 3.100‐3.300 millones de euros, no habiéndose hecho públicos ni los estudios que sustentan esta valoración, ni sus aspectos organizativos y funcionales, ni las relaciones y obligaciones de servicio público que contrae con el Canal de Isabel II.

El proceso de la formación de la sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A. se llevó a cabo con total opacidad y sin conocimiento de los representantes institucionales, ciudadanos o de los propios trabajadores del Canal. Sin embargo se anunció que la nueva sociedad comenzaría a funcionar a principios de julio, fecha en que se incorporaría a la misma la práctica totalidad de los trabajadores del Canal, que fueron sometidos a fuertes presiones para que firmaran de inmediato un documento de compromiso de garantías individuales para su incorporación a la nueva empresa.

En este contexto, el Gobierno regional ha incrementado la factura doméstica del agua entre un 10 y un 20%, rompiendo el compromiso de realizar una subida ajustada al incremento del IPC (3%). El incremento se ha realizado de una forma torticera, introduciendo en la tarifa una nueva formulación que incrementa desmesuradamente la cuota fija de los servicios de aducción y distribución.

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