Hasta la fecha se han interpuesto 11 recursos por la vía Contencioso-Administrativo contra los convenios relativos a la incorporación de los Ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Getafe y Alcorcón a este nuevo modelo de gestión.

La base jurídica de los 11 recursos para la anulación de los convenios es que se ha producido una adhesión a los mismos sin determinar el patrimonio que se va a poner a la venta, ni cuáles serán los dividendos que recibirán los distintos consistorios participando en un modelo de gestión que además los propios ayuntamientos desconocen. Se ha negado cualquier toda información exhaustiva exigida en relación a cómo va a ser su participación en el modelo de gestión y cómo se va a satisfacer esta necesidad básica de los ciudadanos.

No se ha hecho público el contrato programa, en el que se establecen las condiciones en las que la sociedad anónima prestará el servicio, ni el inventario de bienes y derechos, ni los estudios que justifican la valoración económica del Canal, que ha variado desde 4.000 a 3.100 o 3.300 millones de euros en los últimos meses.

Pero además de la ocultación de información, estos recursos, recogen otras denuncias relativas a las implicaciones que este nuevo modelo de gestión entraña. En este sentido, el nuevo modelo de gestión se está saltando competencias propias de los ayuntamientos en la gestión de este servicio esencial, modificando sustancialmente la relación jurídica entre los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II. Así, las relaciones anteriores, basadas en la cooperación y en la encomienda en la gestión, pasan a ser relaciones de carácter estrictamente patrimonial, determinada por los porcentajes establecidos en los convenios. Según los cuales, el 80% de las acciones pertenece a la Comunidad de Madrid y el 20% restante a los Ayuntamientos que firmen los convenios de adhesión y que podrán vender hasta un 70% de las acciones en el futuro.

Esto implica, entre otras cosas, que la responsabilidad derivada de una posible mala gestión del agua, se diluye. Y supone, además, un atentado contra el cumplimiento de los fines de interés público a los que deben responder las Administraciones Públicas en conceptos de racionalidad y sostenibilidad de los servicios públicos, porque no se está argumentando por qué se ha cambiado el modelo de gestión. No se ha justificado qué beneficios aportará este nuevo modelo de gestión al interés público.

En cuestión de información, transparencia y rendición de cuentas, con esta forma jurídica, una Sociedad Anónima, se eluden controles de fiscalización interna y control político. Además, la participación de los trabajadores del Canal en la gestión se elimina de raíz, eliminando su representación anterior en el Comité de Empresa. En este sentido, el actual Canal de Isabel II es un ente con 20 trabajadores que trabajan fuera de las oficinas y 20 consejeros, dirigidos por un primo de Esperanza Aguirre, un marqués imputado en el caso de Bankia.  Por otro lado, el pasado día 10 se nombraron a los nuevos consejeros del Canal Gestión S.A, pertenecientes muchos de ellos al Partido Popular y al nuevo Vicepresidente, Jose Manuel Serra Peris, otro de los imputados en el caso de Bankia. Paralelamente, se ha despedido al gerente anterior del Canal, a la espera de que la nueva dirección nombre a otra persona, y han eliminado el convenio de los trabajadores del Canal, que a partir de ahora se regirán por el convenio general del sector.

Por otro lado, los procedimientos anteriores de licitación pública desaparecen con el nuevo modelo de gestión. De modo que la Sociedad Anónima puede contratar los servicios que necesite a quien quiera y como quiera, lo que puede poner en peligro el tejido empresarial actual del Canal de Isabel II, mediante la contratación de esos servicios con otras empresas que la dirección unilateralmente estime convenientes.

Todas estas denuncias se recogen en los recursos presentados hasta el momento y que son una parte esencial en la lucha en contra de la privatización del Canal de Isabel II, ya que independientemente de cómo se resuelvan, actualmente generan una inseguridad jurídica importante de cara a una futura venta de la empresa.