redaguapublicamadrid.org
ACUERDO
POR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Las organizaciones abajo
firmantes, partidos políticos, asociaciones de vecino y usuarios, organizaciones
sociales, sindicatos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y demás
entidades relacionadas, hacen público ante la ciudadanía su compromiso por una
gestión cien por cien pública, transparente y participativa del ciclo integral
del agua en la Comunidad de Madrid.
Han pasado más de cinco años desde que en 2008 el Partido Popular aprobó en
solitario, a través de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, la
privatización del Canal de Isabel II, un organismo prestigioso, que
proporcionaba un servicio de calidad, sin problemas económicos y bien valorado
por los ciudadanos madrileños. Sin razones de peso, la privatización constituye
un una operación de base ideológica ultraliberal, cuyo objetivo fundamental es
entregar el Canal al sector privado, aunque esto ponga en cuestión los propios
valores de servicio público.
En este periodo, a pesar de las actuaciones y movilizaciones llevadas a cabo
contra la privatización del Canal, tanto a nivel institucional, como social y
jurídico, el Partido Popular ha implementado un nuevo modelo de gestión
mercantil, con ánimo de lucro, de funcionamiento opaco y depredador con el
patrimonio y las competencias municipales. A través de la firma de los Convenios
de adhesión al nuevo modelo de gestión privatizado, de dudosa legalidad, puso en
marcha una operación de vaciamiento de las competencias municipales en materia
de abastecimiento y saneamiento que han convertido a los ayuntamientos en meros
clientes de una sociedad anónima.
Sin embargo, debido, entre otros aspectos, a la crisis económica, la venta del
Canal al sector privado no ha podido llevarse a cabo en los plazos previstos, si
bien el Gobierno de la Comunidad continuó el proceso privatizador constituyendo
en 2012 la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, con un accionariado
provisional totalmente público. Amparándose en esa condición de sociedad anónima
el Gobierno madrileño, ha convertido Canal Gestión en una entidad de carácter
privado, opaca, que mantiene en secreto sus acuerdos y decisiones, ajena al
control parlamentario y a la rendición de cuentas, y además patrimonializada por
el propio Partido Popular, lo que está permitiendo operaciones arbitrarias,
ajenas a los intereses de los madrileños, como ha sido la adquisición de la
concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA), por la que se deberá
pagar 105 millones de euros en 5 años.
Con el objetivo de maximizar beneficios y hacer más atractiva la sociedad a los
accionistas presentes y futuros, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está
realizando actuaciones muy agresivas en la reducción de costes y de incremento
de los márgenes de rentabilidad (durante los años 2012 y 2013 se han producido
beneficio por valor de 370 millones de euros destinado en buena parte al pago de
dividendos a los accionistas). Estos beneficios se están consiguiendo a costa de
disminuir los gastos de personal (bajos sueldos, precariedad, y disminución de
la cualificación), reducir las inversiones, incrementar las tarifas, eliminar
las reservas de la entidad e incrementar su deuda; aspectos que ponen en peligro
la sostenibilidad del Canal y su naturaleza pública, e incidirán a corto plazo
en la disminución de la calidad de los servicios prestados.
Es posible detener la privatización del Canal de Isabel II de forma definitiva y
establecer un sistema de gestión pública, democrático y participativo, con un
coste aceptable, al mantenerse hasta la fecha un accionariado 100% público,
siempre que exista voluntad política, Las próximas elecciones municipales y
autonómicas que se celebrarán en mayo de 2014, pueden posibilitar el marco
político para realizar ese cambio.
Las organizaciones firmantes de este acuerdo, nos comprometemos a defender tanto
desde las instituciones, como desde la sociedad, un nuevo modelo de gestión del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, basado en los siguientes
principios, que consideramos deben regir desde las administraciones públicas
para que esa gestión pública y participativa sea efectiva.
1. Consideramos que en la medida que el agua es un bien público; que los ríos,
acuíferos, lagos y humedales forman parte del dominio público hidráulico; y que
los servicios de abastecimiento y saneamiento se vinculan a derechos humanos y
de ciudadanía, la gestión del ciclo integral del agua no debe realizarse desde
la lógica del mercado, bajo criterios y prioridades de negocio privado, sino
desde la gestión pública sin ánimo de lucro, como un servicio de interés
general.
Dentro de la modalidad de gestión pública optamos por el retorno a una entidad
pública empresarial, que se denomine Canal de Isabel II, que desarrolle las
actividades de las administraciones públicas, en calidad de organización
instrumental diferenciadas. La experiencia nos ha demostrado que este arquetipo
sirve para establecer un servicio de calidad y para establecer un sistema de
cooperación entre las distintas administraciones actuantes.
Dentro del modelo no mercantil que preconizamos, consideramos que las
actividades del Canal deben circunscribirse fundamentalmente a las derivadas del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y actividades anexas, por lo
que la entidad deberá desprenderse de las empresas del Grupo Canal que no
cumplan estas condiciones. Por otro lado, cualquier excedente que se produzca
fruto de la tarifa pagada por los ciudadanos, por el alquiler o cesión de
infraestructuras, venta de patrimonio, subvenciones, operaciones financieras o
cualquier oto medio, deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del
servicio, su mejora y la sostenibilidad del mismo.
2. Apostamos por un Canal en que las distintas administraciones (Central,
Autonómica y Local) cooperen en su seno, dado el régimen de concurrencia de
competencias existente y la complejidad de los servicios asociados al ciclo
integral el agua. Reforzaremos el peso de los ayuntamientos en los órganos de
dirección de la entidad, respetando su autonomía en la elección de las formas de
gestión de sus servicios. El Canal complementará las actuaciones de los
ayuntamientos, titulares de las competencias de abastecimiento de agua potable y
saneamiento. La colaboración del Canal con los ayuntamientos tendrán la
consideración de encomienda de gestión, en la que el titular de la competencia
encarga a la entidad pública la gestión de los servicios.
Una consecuencia del modelo cooperativo que proponemos, es que en caso de
excedentes económicos en las cuentas anuales del Canal, una parte de ellos se
podrían dedicar a la amortización de las deudas de los ayuntamientos generadas
por la realización de obras y servicios destinados a mejorar o ampliar los
sistemas de abastecimiento y saneamiento en sus términos municipales.
3. Asumimos el derecho humano al agua y saneamiento, en los términos definidos
por las Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de prestación que
deberá garantizar los poderes públicos, a través de un servicio público, guiado
por los principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no
discriminación, a través de una gestión sostenible, participativa, transparente,
con acceso a la información y con rendición de cuentas.
En relación con lo anterior, se garantizará el suministro de una dotación
mínima, cuyo valor se determinará justificadamente para la Comunidad de Madrid,
asumiendo el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos
justificados social y económicamente
Consecuentemente, la política tarifaria a adoptar tendrá en cuenta el compromiso
anterior y, en todo caso, se basará en criterios de equidad, universalidad,
progresividad y estabilidad social, económica y ambiental.
4. Consideramos que desde la gestión pública, se pueden prestar los servicios
relativos al ciclo integral del agua, cumpliendo con los estándares de calidad y
eficiencia más exigentes, si se cuenta con los medios necesarios, la complicidad
de los trabajadores y una gestión transparente en la que participe la
ciudadanía. Para garantizar la transparencia, se establecerán indicadores de
gestión y calidad del servicio (técnicos, económico-financieros, sociales,
medioambientales y patrimoniales) relacionados con el conjunto de actividades de
la entidad, que permitirán valorar el servicio en términos de calidad del agua
potable, continuidad del servicio, inversiones realizadas, personal, servicios
contratados a terceros, protección de los ecosistemas, reducción de la demanda,
programas de investigación y otras consideraciones de interés. Estos indicadores
serán públicos y en su definición participarán las instituciones regionales y
los ciudadanos.
Para garantizar la calidad del servicio y su sostenibilidad se priorizarán las
inversiones necesarias para mantener en perfecto funcionamiento, ampliar y
adecuar los sistemas de aducción, abastecimiento, saneamiento, depuración y
reutilización. También se potenciarán los servicios relacionados con la
planificación y predicción de los recursos hídricos y con la gestión medio
ambiental.
5. Apostamos por una gestión orientada al uso sostenible del agua. La gestión
que el Canal hace del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid tiene un
impacto determinante en los ecosistemas acuáticos y en sus paisajes asociados,
por lo que este tema debe ser objeto de especial atención.
Se priorizará el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CEE) y del resto de Directivas ambientales, estableciéndose relaciones
francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo que
atañe a la gestión de los recursos hídricos, a la protección del buen estado de
los ecosistemas acuáticos, de los regímenes de caudales ecológicos apropiados,
la gestión de embalses, la depuración de las aguas residuales y la protección de
sotos y riberas.
Se establecerá como línea estratégica la reducción del volumen de agua de
abastecimiento, a través de políticas rigurosas de eliminación de pérdidas en la
red y de campañas de reducción de la demanda, lo que evitará la necesidad de
ampliar las infraestructuras de almacenamiento y distribución.
6. Entendemos que no basta con defender la gestión pública, sino que esta debe
regirse por los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y
de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana en el
funcionamiento del Ente Público. También es necesario establecer medidas para
evitar que el Gobierno de la Comunidad Autónoma pueda blindar y monopolizar los
órganos de dirección del Canal. Para garantizar estos principios se propone:
• Potenciar los mecanismos de información y reclamación, creando una WEB de
calidad que disponga de una información completa del Canal y establecer canales
efectivos para que los ciudadanos puedan obtener todo tipo de información de
forma accesible, completa, detallada y adaptada a los distintos usuarios y poder
reclamar los aspectos que crean conveniente.
• El Consejo de Dirección del Canal tendrá una composición plural y en él
participarán representantes de la Comunidad Autónoma (del Gobierno y de la
oposición parlamentaria), de los Ayuntamientos, de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, de los trabajadores y de las organizaciones y movimientos sociales.
• Todas las decisiones y resoluciones que adopte el Consejo de Administración
serán públicas.
• Se establecerá un órgano de participación social y ciudadana, denominado
Observatorio del Agua, integrado por organizaciones y movimientos sociales,
asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, sindicatos, ONG`s,
instituciones académicas, expertos y ciudadanos preocupados por los problemas
del agua, cuyo objetivo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel
II. Entre sus funciones estarían las de debatir los problemas del agua, informar
a los ciudadanos, proponer y concertar con la Dirección del Canal problemas
relativos al servicio público del agua, evaluar la calidad del servicio,
transmitir las quejas de los usuarios y proponer líneas de discusión sobre los
problemas del agua. El Observatorio se organizará a través de un reglamento
aprobado por sus miembros. Su financiación correrá a cargo del propio Canal que
asegurará los medios necesarios para que pueda cumplir sus funciones.
• El Observatorio del Agua elegirá en sesión plenaria los representantes de la
sociedad civil en el Consejo de Administración del Ente Público.
7. Consideramos que un servicio de alta calidad precisa de un personal
suficiente y cualificado, con bajos índices de precariedad, con derechos y
condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal. También
necesita de de la colaboración y participación de los trabajadores en la gestión
cotidiana del servicio. Esto implica:
• Adecuar los recursos humanos del Canal a las actividades reales que debe
realizar, garantizando que los puestos estructurales tendrán carácter de fijo,
limitándose los puestos eventuales a los estrictamente necesario
• Establecer un convenio propio del Canal de Isabel II para todos sus
trabajadores, que garantice los derechos laborales, sociales, salariales y
profesionales de los mismos y permita la adecuación de las condiciones de
trabajo a las peculiaridades del organismo.
• Garantizar los mecanismos para que los trabajadores participen en el
funcionamiento, la administración y la formulación de las políticas del
servicio. En este sentido se establecerá de nuevo la participación de los
trabajadores en el Consejo de Administración.
8. Abogamos por un Canal imbricado en la sociedad madrileña, colaborando con sus
medios materiales y humanos con ayuntamientos, colegios, universidades,
instituciones, asociaciones en todo tipo de temas que temas que tengan que ver
con sus fines y ámbito de actuación (ciclo integral del agua, el medio ambiente
hídrico, usos del dominio público hidráulico, etc.).
En el marco de la sociedad del conocimiento pensamos que el Canal debe ser un
motor de la investigación y la innovación en los citados campos y a tal fin se
promoverá un Plan bianual de I+D+i, financiado con el propio Canal, contando en
su elaboración y realización con el concurso de universidades y centros de
investigación públicos y privados.
9. Finalmente nos comprometemos a hacer lo necesario para que las leyes y normas
vigentes se adapten a los compromisos del presente acuerdo. En particular
exigimos la derogación de la mal llamada “Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local” que fomenta la privatización de los
servicios municipales, entre ellos los de saneamiento y abastecimiento.
Madrid 2015.
redaguapublicamadrid.org
