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El 14 de febrero de 2017 comparecimos en la Asamblea de
Madrid. Podrás bajarte la comparecencia presentando nuestro
modelo de gestión del #agua en la Comunidad de Madrid
aquí
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INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II EN LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA ASAMBLEA DE MADRID, EL 14 DE
FEBRERO DE 2017
Buenas tardes, en nombre de la Plataforma contra la privatización del
Canal de Isabel II les doy las gracias por poder exponerles nuestras
propuestas para implantar un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano
del agua en la Comunidad de Madrid.
Esta Plataforma, a la que represento, aglutina a una veintena de
organizaciones, entre las que se encuentran: organizaciones sociales,
sindicatos, asociaciones de vecinos y de usuarios, además de ciudadanos
a nivel particular, y su objetivo es paralizar definitivamente la
privatización del Canal de Isabel II, hacer efectivo el derecho humano
al agua e impulsar un nuevo modelo de gestión del ciclo urbano del agua
transparente, democrático y participativo.
La puesta en marcha del proceso de privatización del Canal de Isabel II,
en diciembre de 2008, supuso un acto irresponsable, que trataba de
cambiar un modelo de gestión pública consolidado, sin problemas
económicos, que funcionaba razonablemente bien, por un modelo
privatizado, rechazado en muchas partes del mundo por los problemas e
ineficiencias que ha producido, como se ha visto en Paris, Berlín,
Budapest, Nápoles, Montpellier y en otras ciudades. Se engañó a los
madrileños al aducir como justificación la necesidad de financiación
externa para la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas,
que pronto se demostraron como innecesarias y que encubrían la voluntad
política de abrir a las grandes empresas de servicio el “ negocio del
agua” en la Comunidad de Madrid.
En el caso del Canal, la privatización, en sentido estricto, se paralizó
en 2012 de forma provisional, hasta que mejoraran las condiciones que
posibilitaran la entrada de capital privado, sin embargo se dio un paso
más a la privatización creando la sociedad anónima Canal de Isabel II
Gestión, cuyo accionariado actual corresponde en un 83% a la Comunidad
Autónoma y en un 17% a los ayuntamientos firmantes de los convenios de
integración en el nuevo modelo privatizado.
Tras 4 años de funcionamiento se han constatado múltiples problemas que
aconsejan un cambio drástico del modelo de gestión actual.
- La sociedad ha funcionado como una empresa privada con ánimo de lucro,
opaca, sin rendición de cuentas y compitiendo en el mercado español y
latinoamericano, con empresas privadas para la expansión de su negocio.
- Su objetivo, en estos años, ha sido la consecución del máximo
beneficio, para valorizar la empresa cara a futuros compradores,
detrayendo de los activos de la entidad, en concepto de beneficios, 826
millones de euros, desde que se creó la sociedad en 2012 hasta 2015 (4
años), de los que 624 millones se destinaron a dividendos de los
accionistas, a costa de no realizar las inversiones necesarias, reducir
el capítulo de gastos de personal, degradando las condiciones de trabajo
de su plantilla, y de mantener un nivel de deuda alta.
- Los ayuntamientos han pasado de ser de una administración que
cooperaba con la Comunidad Autónoma, a ser clientes de una sociedad
anónima de carácter mercantil, habiendo perdido sus competencias en
materia de agua y saneamiento y su autonomía en la capacidad de elección
del tipo de gestión a adoptar en estos servicios.
- La opacidad con que ha venido funcionando Canal de Isabel II Gestión,
amparándose en su condición de sociedad anónima, ha impedido el control
efectivo de sus actividades estratégicas por la Asamblea de Madrid. Se
han blindado los acuerdos del Consejo de Administración, no dando
publicidad a sus decisiones y eliminando en su seno la pluralidad
política y la representación de los trabajadores.
- Así mismo, el ente público Canal de Isabel II, se ha mostrado ineficaz
en la realización de las funciones, que le atribuye la Ley 3/2008 y el
Contrato Programa, de control de las actividades de la sociedad anónima
y de llevar a cabo aquellas tareas que tienen que ver con las potestades
administrativas (planificación estratégica, concesiones y autorizaciones
sobre el dominio público hidráulico, régimen de embalses, relaciones con
las administraciones, etc.), que han sido asumidas, de facto, por la
propia sociedad anónima.
- El modelo actual ha permitido la patrimonialización del Canal por el
partido gobernante, que ha confundido los intereses generales con sus
propios intereses y, presuntamente, a tenor de las investigaciones
judiciales en marcha, utilizándolo como fuente de financiación de
intereses personales. Nunca como ahora, el Canal había estado en el foco
de los medios de comunicación señalado por irregularidades y corruptelas
en la contratación y en la gestión.
Estamos seguros de que el modelo actual de gestión del ciclo urbano del
agua en la Comunidad de Madrid es ineficiente, insostenible y
perjudicial para los intereses de la sociedad madrileña y es por ello
que esta plataforma ha elaborado una propuesta de Ley que recoge lo
fundamental del Acuerdo por una gestión pública, transparente y
participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid,
suscrito por más de treinta organizaciones políticas, sociales y
sindicales en enero de 2015, entre las que se encontraban el PSOE,
Podemos, IU y UPyD, y entronca directamente con diversas resoluciones
aprobadas en la Asamblea de Madrid y con las mociones que se han
aprobado en decenas de ayuntamientos de la Comunidad, cuya población
supera los 5 millones de habitantes.
Esta propuesta se basa en los siguientes ejes:
1. Eliminar definitivamente la posibilidad de privatizar el Canal de
Isabel II, derogando el artículo 16 de la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales
y Administrativas
2. Establecimiento en la Ley de que a la entidad
pública Canal de Isabel II le corresponde la gestión directa de las
actividades relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y
reutilización en la Comunidad de Madrid. Esto significa proceder a la
disolución de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión integrando
su personal y todos sus activos y pasivos en la entidad pública Canal de
Isabel II.
3. Establecer un nuevo modelo de gestión que tenga
en cuenta que la provisión de los servicios de abastecimiento y
saneamiento son derechos humanos reconocidos explícitamente por las
NN.UU. y que, por lo tanto, deben asumirse los criterios definitorios de
este derecho en el ámbito general (universalidad, equidad, no
discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas y
sostenibilidad) y en el ámbito técnicos (asequibilidad, accesibilidad,
disponibilidad, aceptabilidad y calidad).
4. El nuevo modelo tendrá en cuenta también los
siguientes criterios:
a) Gestión pública directa
b) Gestión cooperativa entre las administraciones con competencia el
agua
c) Respeto a las competencias municipales y a su autonomía para decidir
las formas de gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento en su
ámbito. Esto significa establecer una nueva relación del Canal con los
ayuntamientos, donde estos le encomienden los servicios que necesiten,
tal como se venía realizando antes de la creación de la sociedad
anónima.
d) Gestión orientada a la calidad y la prestación del servicio y al uso
sostenible del agua
e) Gestión transparente, con rendición de cuentas y fácil acceso a la
información.
f) Gestión democrática, con pluralidad en los órganos de dirección,
elección de los consejeros en la Asamblea de Madrid, incremento del peso
de los ayuntamientos en los órganos de dirección, y participación de los
trabajadores y de la sociedad civil en el Consejo de Administración del
Canal.
g) Creación, dentro de la estructura del Canal, de un Observatorio del
Agua, como órgano de participación social y ciudadana, basado en la
experiencia existente en Eau de París.
h) Gestión respetuosa con los derechos económicos y profesionales de los
trabajadores de la entidad.
Estamos seguros de que hoy existe una mayoría social en la Comunidad de
Madrid y una mayoría política en esta Asamblea, que desea acabar, de una
vez por todas, con el proceso de privatización del Canal de Isabel II,
estableciendo un nuevo modelo de gestión que subsane las deficiencias
del actual. La proposición no de Ley aprobada en junio de 2015, con los
votos a favor de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos, marcaba el
camino al gobierno regional que hizo caso omiso a ella.
Se necesita una Ley que regule nuevo modelo de gestión pública del ciclo
urbano del agua, transparente, democrático y participativo. Les
invitamos a que la acometan con nuestra colaboración y a tal fin nos
comprometemos a remitirles a la mayor brevedad posible una propuesta de
Ley como aportación a este empeño.
Muchas gracias por su atención.
Madrid, 14 de febrero de 2017