LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA #aguapublica26j
El jueves 9 de junio, y ante la convocatoria de
las Elecciones Generales, la Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a
varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la
defensa de una gestión pública, democrática y participativa de los servicios del
agua, convocó a los partidos políticos en la sede del Consejo General de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) para
que se posicionaran ante una serie de propuestas, conocer si las contemplan en
sus respectivos programas o en actuaciones posteriores de gobierno.
Al acto asistieron representantes del Partido Popular (María Teresa Lara),
Partidos Socialista Obrero Español (Álvaro Abril), Podemos (Pedro Arrojo),
Ciudadanos (Alberto Rodríguez), Izquierda Unida (Marga Ferré), Compromis
(Graciela Ferrer), En Comú Podem (Salvador Milá) y Equo (Alejandro Sánchez),
quienes opinaron sobre las propuestas de la RAP que se concretan a continuación:
1. Desarrollo y realización efectiva del derecho humano al agua, en los términos
reconocidos por Naciones Unidas, lo que implica la prohibición de cortes de agua
y la garantía de un suministro mínimo vital en caso de impago justificado social
y económicamente.
2. Adhesión al Pacto Social del Agua (≠iniciativa agua 2015≠) en el que se
define el modelo de gestión reivindicado por la RAP.
3. Blindar el carácter público de la gestión del agua, a través de una Ley
Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se limitará el plazo de las
concesiones a un máximo de diez años.
4. Derogación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, en lo que se refiere a las disposiciones favorecedoras de
la privatización de los servicios de abastecimiento el saneamiento.
5. Eliminación por Ley del denominado canon concesional, que permite que los
ciudadanos financien el déficit municipal a través del incremento de la tarifa.
6. Creación de un organismo regulador del sector del abastecimiento y
saneamiento, a nivel estatal, que supervise la calidad, la eficiencia, la
transparencia y la equidad de los servicios de agua.
7. Derogación del real decreto sobre autoconsumo (RD 900/2015) que incluye el
llamado impuesto al sol.
8. Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas
ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua.
Asimismo, fortalecimiento de las relaciones de coordinación y de cooperación
entre los distintos niveles de la administración: organismos de cuenca,
administración autonómica y local.
9. Defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, en
términos de calidad y estabilidad en el empleo.
10. Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en
primer lugar, los del abastecimiento de poblaciones. Asimismo se deberían frenar
y revertir los crecimientos urbanísticos especulativos y despilfarradores.
11. Reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido en las facturas emitidas por las
entidades de gestión pública de los servicios del agua, en las que no existe
beneficio industrial.
Los representantes del PSOE, Podemos, Compromis, IU y Equo mostraron su total
identificación con las propuestas de la RAP resaltando incluso que en las
Autonomías y ayuntamientos donde gobiernan ya están desarrollando políticas que
incluyen los puntos de las propuestas, incidiendo especialmente en la
implementación y desarrollo del derecho humano al agua, la problemática de la
pobreza hídrica y los cortes de suministro y la garantía de un mínimo vital
asegurado para los usuarios más vulnerables social y económicamente sin
capacidad de afrontar los costes del servicio, el apoyo a la gestión pública de
los servicios de agua y la necesidad de blindar su carácter público, el apoyo a
los procesos de remunicipalización y la necesidad de eliminar el cánon
concesional como instrumento incitador la privatización y que favorece la
corrupción.
Por su parte, Salvador Milá (En Comú Podem) expresó su apoyo a las propuestas aunque en lo que respecta a la necesidad de un regulador de los servicios de abastecimiento y saneamiento de ámbito estatal, mostró su disconformidad toda vez que planteó que el ámbito de la regulación de estos servicios tiene que ser el autonómico, ejerciendo en este ámbito su labor reguladora y, en su caso, sancionadora, y que, en cambio, sí que sería deseable la existencia de un organismo de coordinación estatal como, por ejemplo, un Observatorio, que coordinara, por ejemplo, las estructuras tarifarias, las buenas prácticas, etc.
El representante de Ciudadanos planteó la necesidad de sustraer el debate sobre
la gestión del agua –pública versus privada- del plano ideológico y centrarlo en
los resultados y, concretamente, en la calidad y eficacia de los mismos. Llamó
la atención de que en España la incidencia de la factura del agua en el
presupuesto familiar español no llega al 0,8%, menor que el límite del 3%
marcado por Naciones Unidas al efecto, pero, sin embargo, tal como se puso en
evidencia en el debate, no explicó porqué,a pesar de este coste reducido, en
España los avisos de corte del servicio se han incrementado espectacularmente
–en más del 60%-, durante la crisis. Por último se mostró favorable a la
constitución de un organismo regulador de ámbito estatal.
Por último, María Teresa Lara (PP) incidió en que la titularidad de los
servicios de abastecimiento y saneamiento es municipal, por lo que no resulta
procedente legislar desde el contexto estatal sobre la exclusividad de la
gestión pública; puso en valor el papel de los agentes privados en los servicios
de agua, que, afirmó, añaden valor no solo a la gestión de los mismos, sino
también a su financiación.
El acto, después de un animado debate, terminó puntualmente con el objetivo de
permitir a los representantes de los partidos políticos incorporarse a los actos
que iniciaban la campaña electoral.