PROPUESTA DE ACUERDO SOCIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Introducción
En enero de 2015,
treinta y seis organizaciones sociales y
políticas suscribieron un Acuerdo por una
gestión pública, transparente y participativa
del ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid, con el compromiso de defender su
contenido, tanto desde la sociedad, como desde
las instituciones que se conformasen tras las
elecciones municipales y autonómicas que se
celebrarían cinco meses más tarde. Este Acuerdo
supuso un hito en la lucha contra la
privatización del Canal de Isabel II (CYII) y en
la capacidad de los movimientos sociales para
lograr un consenso amplio respecto al modelo de
gestión que debería adoptarse.
El resultado de las
elecciones de 2015 en la Comunidad de Madrid
constituyó un cambio cualitativo tanto en la
Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular
perdió la mayoría absoluta, como a nivel local,
en el que las candidaturas progresistas pasaron
a gobernar en muchos de los ayuntamientos más
poblados de la región consiguiendo en el resto
avances significativos. Se configuró, así, una
correlación de fuerzas favorable a la
paralización de la privatización del CYII, a un
modelo de gestión público, democrático,
transparente y con rendición de cuentas, y a la
implementación del derecho humano al agua y al
saneamiento que, en buena parte, articulaban el
Acuerdo.
Con este nuevo
escenario político e institucional, se sentaron
las bases para impulsar en la Comunidad de
Madrid el movimiento en defensa del agua
pública, en la medida en que los gobiernos
municipales del cambio estaban sustentados por
fuerzas políticas que habían suscrito los
compromisos del Acuerdo de forma que, durante la
legislatura que ahora termina, se fortaleció la
coordinación entre las organizaciones sociales
que apoyan el agua pública y el municipalismo;
esto se materializó en la realización de sendos
encuentros en 2015 y 2016 en los que se
definieron los ejes estratégicos que se han
desarrollado hasta ahora y que han tenido
concreciones relevantes como la aprobación de
mociones en decenas de ayuntamientos, que
abarcan a más del 80% de la población de la
región, en las que se exigía la paralización
definitiva del proceso de privatización del CYII,
la reforma drástica del modelo de gestión
vigente y la implementación del derecho humano
al agua.
Como resultado de
un mandato expreso del segundo encuentro, en
octubre de 2018 se constituyó la Red de ciudades
y pueblos por el agua pública en la Comunidad de
Madrid que integra a representantes de los
ayuntamientos y de la ciudadanía interesados en
el agua pública en todas sus manifestaciones,
incluyendo las relacionadas con los servicios
del ciclo integral, los culturales, académicas y
educativas, medioambientales, artísticas,
sociales y urbanísticas, entre otras.
La coordinación
entre el movimiento por el agua pública y las
fuerzas políticas progresistas se ha
materializado también en la Asamblea de Madrid,
donde se han impulsado iniciativas en defensa
del reconocimiento del mínimo vital de agua y
la prohibición de cortes y, especialmente, en
la presentación en 2017 del proyecto de Ley
de medidas para el establecimiento de un nuevo
modelo de gestión pública transparente,
democrático y participativo del ciclo integral
del agua en la Comunidad de Madrid,
defendido por el grupo socialista y por Podemos,
y rechazado con los votos del PP y de
Ciudadanos.
En el momento
actual, a pesar de que el CYII sigue siendo 100%
público, lo cierto es que no se han derogado los
artículos de la Ley 3/2008 que posibilitan su
privatización, persistiendo la mayoría de los
problemas detectados en 2015 en cuanto al modelo
de gestión vigente en la sociedad anónima, que
se manifiesta por un claro carácter mercantil,
por la opacidad, la nula rendición de cuentas y
participación pública, y la falta de controles
internos y externos. Estas circunstancias son
las causas estructurales que han facilitado la
corrupción en el CYII, con la aparición de
diferentes tramas (Lezo, Púnica y Tosca) que,
como resultado de las investigaciones judiciales
en marcha, ha supuesto la imputación y/o el
encarcelamiento de un gran número de altos
cargos de la Comunidad de Madrid y de directivos
del Canal de Isabel II, entre los que se
encuentran los expresidentes de la Comunidad de
Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón.
La implantación del
modelo de gestión mercantil ha tenido como
consecuencia la subordinación de los intereses
de los ayuntamientos a los de la sociedad
anónima como consecuencia de las condiciones
establecidas en los convenios que se
establecieron en un marco de privatización del
Canal y que debería revisarse para adecuarlos a
la situación actual y a una relación de
cooperación entre administraciones.
Muchos de los retos
que se plantearon en 2015 persisten, pero el
camino que se ha avanzado en la consolidación de
alianzas sociales y en la coordinación entre los
movimientos y las instituciones, configura un
mejor escenario para avanzar. En este contexto,
campañas como las de Pro Grifo y de las
comunidades azules adquieren especial
relevancia en la medida en que ponen en valor el
agua pública de calidad frente al agua
embotellada, a la vez que promueven la gestión
pública y el derecho humano al agua, y a las que
el ayuntamiento de Madrid aprobó, en julio de
2018, su adhesión.
Además de los
desafíos relacionados con el agua pública, en el
futuro habrá que encarar otros de carácter
medioambiental y los relacionados con el cambio
climático. Es necesario recuperar y mantener el
buen estado y conservación de nuestros
ecosistemas acuáticos, no solo para cumplir con
la Directiva Marco de Agua y con el resto de
compromisos europeos en esta materia, sino para
adaptarnos a la realidad que nos impone el
cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad
frente al creciente riesgo de sequías e
inundaciones y garantizar el uso sostenible del
agua, con unas demandas adecuadas a los recursos
realmente disponibles. Esto es incompatible con
el tipo de gestión mercantil imperante en el
CYII, cuyo objetivo fundamental es la
maximización de beneficios.
Las medidas
necesarias para resolver la grave crisis que
afecta al Canal de Isabel II, la paralización
definitiva del proceso de privatización de la
entidad y la adopción de un modelo de gestión
pública del ciclo integral del agua, sin ánimo
de lucro, democrático, transparente, con
rendición de cuentas, participativo, sostenible,
que respete las competencias municipales y el
derecho humano al agua, son posibles, siempre
que exista voluntad política. Las próximas
elecciones municipales y autonómicas, que se
celebrarán en 2019, deben posibilitar el marco
político para realizar estos cambios; para ello,
se propone el siguiente
Acuerdo
Las organizaciones
firmantes nos comprometemos a defender tanto
desde las instituciones como desde la sociedad
civil, un nuevo modelo de gestión del ciclo
integral del agua en la Comunidad de Madrid que
esté basado en los compromisos siguientes:
1.
Consideramos
que los ríos, acuíferos, lagos y humedales
forman parte del común, por lo que su gestión
debe realizarse sin ánimo de lucro y con
criterios de solidaridad, cooperación mutua,
acceso colectivo, equidad, control democrático y
sostenibilidad. Lo anterior pasa necesaria y
urgentemente por afrontar de forma participativa
los impactos del cambio climático en la
disminución de la disponibilidad de los recursos
hídricos y en la inexcusable necesidad de
reducir y gestionar en consecuencia las demandas
de agua, con el fin de garantizar su uso
sostenible y equitativo. En consecuencia,
exigimos al gobierno regional que de una vez
concrete una estrategia participativa frente al
cambio climático e instamos a los gobiernos
locales a que realicen actuaciones de adaptación
al cambio climático que necesariamente deberán
fomentar las capacidades sociales y la
articulación de planes participados de gestión
de riesgos de sequía e inundaciones.
2.
Asumimos el
derecho humano al agua y al saneamiento en los
términos definidos por Naciones Unidas, que lo
configuran como un derecho de prestación que
deberán garantizar los poderes públicos de
acuerdo con criterios fundamentales
(universalidad, equidad, no discriminación e
igualdad sustantiva), normativos (accesibilidad,
asequibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y
calidad) y comunes con todos los derechos
humanos (participación y acceso a la
información, transparencia y rendición de
cuentas y sostenibilidad). En este sentido,
propugnamos el reconocimiento expreso del
derecho humano al agua, en cuyo desarrollo
normativo debe quedar garantizado el derecho de
las personas vulnerables económica y socialmente
a recibir de forma gratuita un suministro mínimo
que cubra sus necesidades básicas de agua que
les permita vivir dignamente, a la vez que se
prohíba expresamente los cortes del suministro
por impagos en situaciones de pobreza hídrica.
También reivindicamos que en la normativa que se
desarrolle se recoja, en los casos de
conculcación del derecho al agua, el derecho a
la asistencia jurídica gratuita para las
personas naturales y jurídicas sin ánimo de
lucro que, con independencia de su
disponibilidad de recursos económicos para
litigar, ejerzan una acción popular o
particular, así como el reconocimiento de la
legitimación activa para ejercer dichas acciones
a quienes ostentan un interés suficiente ante
los tribunales.
3.
Reivindicamos la recuperación de la entidad
pública Canal de Isabel II como responsable de
la gestión directa de las actividades
relacionadas con el abastecimiento, saneamiento
y reutilización en la Comunidad de Madrid, lo
que implica la derogación del artículo 16 de la
Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y
Administrativas, la disolución de la sociedad
anónima Canal de Isabel II integrando su
personal y todos sus activos y pasivos en la
entidad pública, la disolución de las empresas
del grupo Canal que no estén relacionadas con el
ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid, y el abandono de las inversiones
realizadas por el Canal de Isabel II en el marco
de sus políticas privatizadoras en América
Latina. Exigimos que este proceso de
desinversión se realice favoreciendo el regreso
a la gestión pública de las empresas
privatizadas en un contexto de cooperación entre
entidades públicas.
4.
Entendemos
que en el seno del Canal deben cooperar las
distintas administraciones -central, autonómica
y local-, con competencias en el ciclo integral
del agua en la Comunidad de Madrid; en este
contexto, los ayuntamientos deberán tener una
representación reforzada en los órganos de
dirección del Canal, en tanto que son titulares
de los servicios de abastecimiento y saneamiento
y, en todo caso, se respetará su autonomía en la
elección de las formas de gestión de estos
servicios. Consecuentemente, planteamos revisar
los Convenios formalizados durante el proceso de
constitución de la sociedad anónima, en tanto
que, además de no corresponderse con la
situación actual, incluyen cláusulas abusivas y
discriminatorias en detrimento de los intereses
de los ayuntamientos, en los que subyace una
posición subordinada de las entidades locales
frente al Canal.
5.
Reivindicamos que el nuevo modelo de gestión
pública del Canal se realice sin ánimo de lucro
y de acuerdo con criterios de pluralidad,
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana, calidad y eficiencia
social, económica y medioambiental. Exigimos
que, desde la Comunidad de Madrid, se impulse un
proceso participativo en el que se defina este
modelo y, posteriormente, se implemente mediante
el procedimiento administrativo que sea
pertinente. Propugnamos, en este contexto, la
redacción de nuevos reglamentos de los servicios
de abastecimiento y saneamiento consecuentes con
los criterios anteriores que deroguen a los
vigentes, totalmente obsoletos y desfasados de
la realidad actual.
6.
Defendemos
el derecho a la participación pública, activa,
libre y significativa en todas las fases de la
actividad del Canal, de forma que sea posible
incidir y decidir sobre la realización y
seguimiento de la programación estratégica y de
los proyectos y programas que se realicen y
financien, así como la gestión administrativa y
presupuestaria, incluyendo el diseño de las
estructuras y políticas tarifarias. Por tanto,
consideramos que es preciso potenciar los
mecanismos de acceso a la información y promover
nuevas formas de control social y democrático
que garanticen la participación ciudadana
efectiva en el funcionamiento del Canal a través
de su presencia en el Consejo de Dirección; por
ello propugnamos la constitución del
Observatorio del Agua como un órgano de
participación y control social y ciudadano
integrado en la estructura del Canal de Isabel
II, en el que se analicen los problemas del agua
en la Comunidad, se informe a los ciudadanos,
proponga y concierte con la dirección del Canal
la solución de los problemas relativos al
servicio público del agua, evalúe la calidad del
servicio, transmita las quejas de los usuarios y
proponga medidas para resolver los problemas
observados.
7.
Abogamos por
el establecimiento de procedimientos
formalizados de transparencia y rendición de
cuentas que afecten a todos los niveles de la
toma de decisiones de los procesos de la gestión
y operación del Canal, en el convencimiento de
que sentarán las bases para evitar la repetición
de las tramas de corrupción que durante las dos
décadas pasadas constituyeron un fenómeno
estructural en el que se primaron intereses
particulares en detrimento de los intereses
generales de un servicio público. En este
contexto, reivindicamos la transparencia y
publicidad de todas las decisiones que los
distintos niveles directivos adopten, incluyendo
las conclusiones y resoluciones del Consejo de
Administración y de la Junta de Accionistas.
Entendemos que la rendición de cuentas se debe
basar en la existencia de auditorías periódicas
internas y externas, incluyendo el control
sistemático que, a través de una comisión
específica, debería realizarse en la Asamblea de
Madrid.
8.
Consideramos
que un servicio público vinculado a derechos
humanos precisa de un personal con derechos y
condiciones de trabajo justas y equitativas,
para lo cual es necesario adecuar los recursos
humanos a las actividades reales que debe
realizar, garantizando que los procesos de
selección se atengan a criterios de igualdad,
mérito y capacidad, se limite y regule la
discrecionalidad y que los puestos estructurales
tengan carácter de fijos, limitándose los
eventuales a los estrictamente necesarios, así
como que se establezcan unos salarios justos y
homogéneos entre todo el personal laboral. En
consonancia con la importancia de los
trabajadores, reivindicamos su presencia en el
Consejo de Administración del Canal.
9.
Abogamos por
un Canal imbricado en la sociedad madrileña, que
desarrolle relaciones de cooperación con
ayuntamientos, colegios, universidades,
instituciones, asociaciones y demás
organizaciones civiles, en todo lo relativo a
sus fines y ámbito de actuación. Reivindicamos
que la actividad de I+D+i del Canal se
desarrolle de forma planificada teniendo en
cuenta este contexto colaborativo, incluyendo en
su ámbito de estudio cuestiones relacionadas con
la implementación del derecho humano al agua y
al saneamiento.
10.
Apoyamos las
iniciativas de la ciudadanía que tengan como
objetivo articular a la sociedad en torno a la
defensa de la gestión pública del agua y
reivindiquen el derecho humano al agua y al
saneamiento. En este sentido celebramos y
apoyamos la constitución de la Red de Ciudades y
Pueblos por el Agua Pública en nuestra
Comunidad, comprometiéndonos a colaborar en sus
actividades; igualmente asumimos impulsar las
campañas Pro-Grifo y la constitución de
comunidades azules en la Comunidad de Madrid.
11.
Finalmente
nos comprometemos a hacer lo necesario para que
las normas y leyes vigentes se adapten a los
compromisos del presente Acuerdo. En particular,
exigimos la derogación de la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la
administración Local, y de los artículos y
disposiciones adicionales de la ley de
presupuestos de 2017 y de la ley de contratos
del sector público que fomentan la privatización
o limitan la remunicipalización de los servicios
públicos municipales, entre ellos los de
abastecimiento de agua y saneamiento.