Propuestas de la Red Agua Pública
ante las elecciones
al Parlamento Europeo
del 9 de junio de 2024
La
Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a
varias decenas de plataformas y organizaciones
sociales del estado español en la defensa de la
gestión pública, democrática y participativa de
los servicios del ciclo urbano del agua-,
propone a los partidos políticos que concurren a
las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de
junio, un conjunto de consideraciones
relacionadas con el sector, con el objetivo de
contrastarlas con lo recogido en sus respectivos
programas electorales y conocer su disposición a
desarrollarlas en iniciativas posteriores,
durante la X legislatura del Parlamento.
Las
propuestas de la RAP, que las considera
fundamentales para avanzar en la gestión
pública, democrática y participativa de los
servicios del ciclo urbano del agua, se
concretan en las actuaciones y reformas
legislativas siguientes, que se incardinan en la
decisión de evitar retroceder en los avances
conseguidos hasta ahora, y reivindican la
exigencia de políticas más ambiciosas.
DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la
normativa en el más alto nivel posible de los
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, con
el alcance y contenido definido por Naciones
Unidas, que las administraciones públicas tienen
la obligación de respetar, proteger y cumplir.
Mientras esto no se consiga, tramitar, en lo
posible, la legislación que avance en la
implementación de estos derechos y,
significativamente, la relacionada con el mínimo
vital de agua que garantice que las personas en
situación de vulnerabilidad puedan recibir de
forma gratuita un suministro mínimo de agua que
cubra sus necesidades básicas que les permita
vivir dignamente, a la vez que se prohíba
expresamente los cortes del suministro en tales
circunstancias.
Ante el significativo retraso en la
implementación del derecho humano al
saneamiento, es relevante impulsarlo no solo en
el ámbito de los hogares sino también en los
espacios públicos y comunes; la transposición de
la nueva Directiva sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas a la las legislaciones
nacionales, puede ser una buena ocasión para
ello.
USOS DEL AGUA, USOS PRIORITARIOS, CAMBIO
CLIMÁTICO Y SEQUÍA
Detener el crecimiento de las demandas hídricas,
tanto en el regadío como en los usos urbanos e
industriales, de forma que se adapten a la
reducción de caudales disponibles por efecto de
la sobreexplotación y el deterioro de la calidad
de las aguas y los ecosistemas, y que se agudiza
por el cambio climático en curso,
redimensionando la superficie regada y las
demandas urbanas expansivas, priorizando la
reducción de las grandes explotaciones de
regadío, las promociones urbanísticas y los usos
turísticos más despilfarradores.
En
todo caso, la reducción de la disponibilidad de
agua para los distintos usos se deberá realizar
con un carácter socialmente progresivo, que
priorice el derecho humano al agua, proteja a
los sectores productivos agrarios con arraigo en
el territorio y a los grupos sociales más
vulnerables y asegure los caudales ecológicos.
En
coherencia con lo anterior, asegurar que la
Política Agraria Común (PAC) se ajuste
sistemáticamente a los objetivos de la Directiva
Marco del Agua, de forma que la expansión de la
superficie de regadío deje de ser subvencionable
si el riego afecta a masas de agua cuyo estado
se ha definido como inferior a bueno, y se
limite la financiación de cultivos intensivos en
agua en regiones con estrés hídrico sin que
medien controles ni salvaguardas
medioambientales y sociales.
PROTECCIÓN DE LAS FUENTES Y ÁREAS DE CAPTACIÓN
DE AGUA POTABLE
Urgir a las administraciones públicas y a los
operadores de los servicios de abastecimiento de
agua a tomar las medidas necesarias para la
protección efectiva de las áreas de captación,
en consonancia con lo establecido en la
directiva relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano, concebida como un
instrumento de gestión del riesgo
Por
otro lado, las instituciones europeas deben
actualizar y completar los instrumentos ya
existentes –como la lista de sustancias
prioritarias de la directiva marco del agua- y
profundizar en las estrategias de prevención de
los riesgos para la salud humana relacionados
con la presencia de productos tóxicos en las
aguas de consumo, tales como pesticidas y otros
contaminantes emergentes (derivados de fármacos,
cosméticos, etc).
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión de
los servicios del ciclo urbano del agua
rechazando su mercantilización, privatización y
financiarización. En cualquier caso, se tendrá
en cuenta que toda privatización de estos
servicios deberá estar necesariamente precedido
por un proceso de participación ciudadana
informada que culmine en una Consulta Ciudadana
vinculante.
APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización de
los servicios del ciclo urbano del agua, para lo
cual es fundamental revertir la legislación
aprobada en el pasado inmediato tendente a
obstaculizar, cuando no a impedir, la
remunicipalización de los servicios del ciclo
urbano del agua.
Garantizar que, cuando se extinga la concesión
por finalización del plazo o resolución del
contrato, y con una antelación de, al menos un
año, se aborde un proceso de información y
participación pública destinado a decidir el
modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.
MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA
Defensa de un modelo de gestión pública que se
realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con
criterios de pluralidad, transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana,
calidad y eficiencia social, económica y
medioambiental. Exigencia de que todos los
ingresos que se obtengan de la contraprestación
económica procedente de los servicios de
abastecimiento y saneamiento se destinen a
sufragar los costes de dichos servicios.
Este modelo es consustancial con la garantía del
derecho a la participación pública, activa,
libre y significativa en todas las fases de la
gestión del ciclo urbano del agua, de forma que
sea posible incidir y decidir sobre la
realización y seguimiento de la planificación
estratégica en todos los niveles de las
administraciones públicas, de los proyectos y
programas que se realicen y financien, así como
en la gestión administrativa y presupuestaria,
incluyendo el diseño de las estructuras y
políticas tarifarias.
Impulsar instrumentos democráticos de
participación ciudadana -como los Observatorios
del agua-, que garanticen el acceso a la
información y la transparencia en la gestión,
haciendo posible una efectiva rendición de
cuentas por parte de los operadores de los
servicios del ciclo urbano del agua.
Por lo que respecta a los aspectos económicos y
financieros de la gestión del agua hay que
recordar que, en el estado español, los
instrumentos de recuperación de costes según el
principio de quien contamina paga están por
desarrollar, especialmente por lo que se refiere
a la estimación e imputación de los costes
ambientales, sobrecargando por la vía de los
hechos a los usuarios urbanos.
DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA
PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA
REMUNICIPALIZACIÓN
Derogar la legislación que promueva la
privatización u obstaculice la
remunicipalización de los servicios públicos
municipales, entre ellos los de abastecimiento
de agua y saneamiento.
CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones
de trabajo justas, en términos de calidad y
estabilidad en el empleo. En consonancia con la
importancia de los trabajadores, garantizar su
participación en las instancias de toma de
decisiones.
Aplicar de forma consecuente las Directivas que
regulan la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación, así como al acceso a bienes y
servicios y su suministro, con estrategias para
eliminar los techos de cristal existentes.
Mayo 2024