PROPUESTAS DE LA RED AGUA PÚBLICA –RAP– ANTE LAS ELECCIONES GENERALES
DEL 28 DE ABRIL DE 2019
Tras las elecciones generales de junio de 2016 se configuró en el
Congreso una correlación de fuerzas caracterizada por una mayoría de
grupos políticos identificados con las políticas neoliberales que,
además, tuvo la capacidad de controlar de facto la actividad
parlamentaria al contar con la mayoría en la Mesa del Congreso,
propiciando las iniciativas alineadas con sus intereses políticos,
ideológicos y económicos, y obstaculizando, cuando no paralizando, las
que pretendían recuperar los derechos políticos y las condiciones de
vida que fueron deterioradas como resultado de las políticas ejecutadas
por el Partido Popular durante su gobierno con mayoría absoluta entre
2012 a 2015. En este escenario se legisló descaradamente para propiciar
la privatización de los servicios públicos e impedir su
remunicipalización, siendo paradigmáticos los casos del abastecimiento y
saneamiento del agua, todo ello, en un contexto que supuso limitar la
autonomía municipal, toda vez que son las administraciones locales las
titulares de los mismos.
Esta situación contrastó fuertemente con los resultados de las
elecciones autonómicas y locales de 2015, que configuraron,
especialmente en el ámbito local, un escenario contradictorio ya que
muchos municipios, incluidos los más grandes (Barcelona, Madrid,
Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, A Coruña, Valladolid, Santiago,
Cádiz, Córdoba, Valencia, entre otros), estaban gobernados por
alternativas de progreso proclives a la defensa del municipalismo
consecuente, a la gestión pública del agua y a nuevos modelos
democráticos de gestión. Consecuentemente, han sido numerosas las
iniciativas de las administraciones locales en pos de la
remunicipalización de los servicios públicos, que han contado con el
apoyo decidido de los movimientos por el agua púbica en los cuales está
integrada la Red Agua Pública. Especialmente significativos han sido las
experiencias de Valladolid y Terrassa, donde se consiguió
remunicipalizar los servicios del ciclo urbano del agua a pesar de la
oposición frontal, activa y beligerante del gobierno central y los
lobbies privados del sector.
Los avances que se han conseguido en la gestión pública y democrática
del agua han sido notables, así como la consolidación del movimiento
ciudadano que la apoya, pero los retos futuros son de calado (Barcelona,
Santiago, Ourense, Vigo, entre otros) y para afrontarlos será
fundamental contar con mayorías cualificadas y efectivas en el Congreso
tras las elecciones generales del 28 de abril.
La Red Agua Pública considera que, para avanzar en una gestión pública,
democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua,
es preciso abordar a corto plazo las actuaciones y reformas legislativas
siguientes:
DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto
nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el
alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las
administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y
cumplir. En el desarrollo normativo de este derecho deberá quedar
garantizado que las personas económica y socialmente vulnerables puedan
recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus
necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se
prohíba expresamente los cortes del suministro por impagos en
situaciones de vulnerabilidad social o económica.
Hasta tanto no se reconozca legalmente el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento, es posible incorporar sus criterios definitorios
fundamentales, normativos y transversales en las normas municipales
vigentes (reglamentos u ordenanzas) de forma que se pueda avanzar en la
implementación del derecho.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión del ciclo urbano del agua y
su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea
efectivo, se tendrá en cuenta que: - Toda privatización de los servicios
del ciclo urbano del agua deberá estar precedido por un proceso de
participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana
vinculante - La duración máxima de las concesiones será de cinco años,
que podrá ampliarse hasta un máximo de diez, si el contrato incluyera
obras financiadas por la empresa concesionaria, cuya amortización
justificara extender la duración del contrato. En todo caso manteniendo
la plantilla de trabajadoras y trabajadores.
CÁNON CONCESIONAL
Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, ya que son
instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo
urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción
que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y
saneamiento en grandes negocios privados.
Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la
gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de
consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa,
libre y significativa en un marco de democracia deliberativa.
APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo
en numerosas ciudades y pueblos y a los que se aborden en el futuro,
para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el
pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir la
remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.
En concreto, se propone la derogación de la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la
medida que, no sólo obstaculiza la remunicipalización y favorece la
privatización, sino que limita de forma injusta la financiación y la
autonomía local, especialmente en los ayuntamientos más pequeños.
Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del
plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un
año, se aborde un proceso de información y participación pública
destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y REGULACIÓN
Defensa de la autonomía municipal en cuanto a la titularidad de los
servicios del ciclo urbano del agua, por lo que las administraciones
locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas
para asegurar tanto la sostenibilidad de los servicios asociados, en el
ámbito ambiental, económico, social, estructural y de gestión, como la
regulación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En
consecuencia, se rechaza la creación de un regulador único o autonómicos
y, en cambio, se propone adoptar medidas que no comprometan la autonomía
municipal tendentes a fortalecer las capacidades municipales.
MODELO DE GESTIÓN
Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo
de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia
social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos
que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los
servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar, sin
ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.
Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la
participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases
de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible
incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación
estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien,
así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el
diseño de las estructuras y políticas tarifarias.
CUMPLIMIENTO Y APOYO A LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas
ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua
que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los
ecosistemas acuáticos. Para ello, se fijarán y mantendrán caudales
ambientales adecuados y se garantizará la calidad del agua frente a la
contaminación urbana y agraria.
Apoyo a la versión actual de la Directiva Marco del Agua y rechazo a las
intenciones de algunos Estados miembros y grupos de interés privados de
rebajar el contenido y exigencias de la Directiva, como una forma de
eludir sus compromisos asumidos en relación con la sostenibilidad y el
buen estado ecológico de las aguas.
CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en
términos de calidad y estabilidad en el empleo, para lo cual es
necesario adecuar los recursos humanos a las actividades reales que debe
realizar, garantizando que los procesos de selección se atengan a
criterios de igualdad, mérito y capacidad, se limite y regule la
discrecionalidad y que los puestos estructurales tengan carácter de
fijos, limitándose los eventuales a los estrictamente necesarios, así
como que se establezcan unos salarios justos y homogéneos entre todo el
personal laboral. En consonancia con la importancia de los trabajadores,
reivindicamos su participación en las instancias de toma de decisiones.
Aplicar de forma efectiva la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar
los techos de cristal existentes.
USOS DEL AGUA. USOS PRIORITARIOS
Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío
como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la
reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en
curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas
expansivas.
Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas,
poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del
abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.
FOMENTO DEL AGUA DE GRIFO
Fomentar a través de actividades de concienciación ciudadana, el consumo
de agua de grifo y la reducción de la utilización de envases,
especialmente de plástico, regular la oferta de agua de grifo gratuita
en locales de restauración -bares, restaurantes-, e impulsar el uso de
fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en
las ciudades y pueblos. .
Madrid, 12 de abril de 2019