Las conclusiones generales a que se llegaron después de la reflexión y debate
conjunto que tuvo lugar durante el Encuentro, son las que se refieren a
continuación.
• La gestión del ciclo integral del agua se enfrenta a una serie de retos
técnicos, sociales, medioambientales y económicos que es necesario encarar de
manera coordinada y colaborativa entre las asociaciones y organizaciones
ciudadanas, operadores, instituciones y gobiernos. Su objetivo debe ser
desarrollar una política de agua sostenible desde el enfoque de lo común y del
derecho humano el agua, entendido éste como un derecho a una provisión de
servicios de abastecimiento y saneamiento que debe ser garantizada por la
administración pública.
• Por tanto, los operadores públicos deben asumir consecuentemente los criterios
generales, normativos y específicos del derecho humano al agua y al saneamiento
en lo que atañe a la equidad y universalidad del servicio y a prohibir los
cortes de agua a los hogares en situación de vulnerabilidad social, garantizando
un mínimo vital para cubrir las necesidades personales y domésticas amparadas
por este derecho.
• Las luchas de la ciudadanía contra las privatizaciones de los servicios de
agua han aportado una experiencia y acervo muy relevantes que se concretan en la
necesidad de movilización, colaboración y apoyo mutuo, toma de decisiones
democráticas y transparentes, reflexión y proposición de alternativas, y en la
generación de redes locales, regionales, nacionales e internacionales.
• Esto es el reflejo de que las luchas se abordan en el ámbito local, nacional e
internacional; en las ciudades y en los países, pero también en Bruselas, donde
se formalizan directivas y tratados comerciales que sientan las bases de
políticas privatizadoras o que prácticamente impiden la recuperación de los
servicios privatizados. Ejemplos de lo anterior son la formación de plataformas
locales -como el caso de Alcázar de San Juan, Medina Sidonia o Jerez-,
regionales -como los de Andalucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Madrid, o
Murcia-, nacionales, como la propia Red Agua Pública, o internacionales,
concretadas en la Iniciativa Ciudadana Europea right2water y en el Movimiento
Europeo del Agua.
• Existe una tendencia mundial ascendente hacia la remunicipalización de los
servicios de abastecimiento de agua, de forma que en los últimos 15 años se han
identificado 235 casos, que han estado motivados por diversas causas entre las
que están la corrupción, ausencia de trasparencia, baja calidad en el servicio y
subidas insostenibles de las tarifas. Sin embargo, estos procesos no están
exentos de dificultades, como las laborales, legales, financieras, etc, ni de
presiones por parte de intereses privados que intentan obstaculizarlos, cuando
no paralizarlos definitivamente; casos como Valladolid o Terrassa, o en su
momento Paris, entre otros, así lo demuestran.
• Pero el retorno del servicio de suministro de agua a la gestión pública es
solo el primer paso; es fundamental que se implementen modelos de gestión que
garanticen la participación y control democrático, la transparencia y la
rendición de cuentas; en este sentido, existen ejemplos a tener en cuenta, como
es el caso de EMACSA en Córdoba, o el Observatorio del Agua de París. Se dispone
de una propuesta de modelo concretada en el Pacto Social por el Agua impulsado
por la RAP, que ha servido de referente en la articulación de las luchas en
muchos territorios.
• Los modelos de gestión deberán garantizar la conservación del buen estado
ecológico de las masas de agua contando con tecnologías innovadoras y flexibles
que contribuyan a asegurar la sostenibilidad a largo plazo.
• En este proceso de lucha, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de
impulsar acciones e iniciativas legislativas, para lo cual es fundamental contar
con el apoyo y la coordinación con las administraciones locales, titulares de
los servicios de agua, en la defensa de la gestión pública del agua. Se
configura así la necesidad de formalizar una red estable entre la ciudadanía
–usuaria de los servicios de abastecimiento y saneamiento-, y las
administraciones locales, que son los titulares de los mismos, por lo que se
propone constituir una Red de Ciudades por el Agua Pública que ponga en contacto
a todos los sectores sociales interesados en la gestión pública y democrática
del agua.
Madrid, 4 de noviembre de 2016